El Ministerio Público ratificó en audiencia que el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, imputado por corrupción administrativa en el caso Odebrecht, recibió sobornos mientras ejercía funciones en el Estado para favorecer a la constructora con la adjudicación de contratos de obras públicas.
Al dar lectura este jueves a la acusación contra Díaz Rúa en la continuación del juicio que se sigue por el caso en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional los fiscales litigantes reafirmaron la acusación contra el exministro por recibir sobornos en el ejercicio de la función pública.
También le imputan lavado de activos producto de infracciones graves, enriquecimiento ilícito y falsedad en la declaración jurada de patrimonio, informó este viernes la Procuraduría General en un comunicado.
Según el Ministerio Público, la mayoría de los productos financieros se abrieron después de 2004, cuando el imputado inició su gestión como director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y después como titular del Ministerio (entonces secretaría) de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones entre 2007 y 2012.
“En ese período se puede apreciar la diversificación de sus productos financieros, cuentas de ahorros y corrientes, certificados, préstamos y tarjetas de crédito, que daban lugar a miles de transferencias y transacciones bancarias entre los asociados. Con ello, el imputado buscaba difuminar el rastro de los más de 400 millones de pesos que manejó desde 2004 hasta 2017”, detalló la acusación.
Manifestó, asimismo, que fueron cuantiosos los pagos que gestionó Díaz Rúa a través del también imputado Ángel Rondón, representante de la constructora en el país, y señalado como el encargado de repartir los 92 millones de dólares que Odebrecht confesó haber pagado en sobornos entre 2001 y 2014 para obtener contratos de obras públicas.
La acusación detalla también que para colocar los recursos ilícitos en el sistema financiero nacional el imputado recurrió a maniobras que incluyen operaciones bancarias y comerciales, y la adquisición de bienes muebles e inmuebles en operaciones en las que contó con la complicidad de familiares y personas cercanas, entre las que figura el coacusado Conrado Pittaluga.
“Todo un entramado societario fue creado para dar apariencia de legitimidad al dinero ilícito” que permitió al imputado aumentar su patrimonio en 89,575,748.88 pesos entre 2004 y 2006, periodo en el que percibía un salario de 75,101 pesos como director del Inapa.
Tras ser designado secretario de Obras Públicas y Comunicaciones el procesado presentó una nueva declaración jurada de bienes, en fecha 10 de octubre de 2008, con un patrimonio neto de 414,083,066.53 pesos, reflejándose un aumento de más de un 200 % en relación con la declaración presentada en 2006.
Díaz Rúa creó varias empresas para ocultar y la falsear las declaraciones de bienes para distraer y esconder su riqueza, entre las que figuran Guerra & Asociados C. por A., así como la compañía anónima Bloques Oriental, S.A. e Inmobiliaria Max 6.
También utilizó el dinero ilícito producto del pago de sobornos para adquirir bienes de lujo con la finalidad de introducir fondos ilícitos al sistema financiero.
En horas de la mañana del jueves, los representantes del Ministerio Público continuaron con la lectura de la acusación contra Ángel Rondón, quien según las investigaciones recibió unos 1,000 millones de pesos y 2 millones de dólares en sus acciones delictivas vinculadas con Odebrecht.
Los otros acusados en este caso son los exsenadores Andrés Bautista García, Roberto Rodríguez y Tommy Galán, así como el supuesto testaferro de Díaz Rúa, Conrado Pittaluga.EFE
