RZ NOTICIAS, CHILE.- Las voces que más se escuchaban el viernes eran las de los camioneros y los estudiantes.
Mientras que los primeros se dirigían hacia un acomodado barrio de la capital chilena, los segundos protestaban contra las medidas de seguridad anunciadas la víspera por el presidente Sebastián Piñera. Entre otras cosas, éstas incluyen una ley antisaqueos, el avance de un proyecto en el Congreso contra los manifestantes encapuchados, la creación de un equipo especial de abogados para perseguir los delitos contra el orden público y el reforzamiento de la vigilancia aérea.
Paralelamente, en redes sociales se convoca a “la marcha pacífica más grande de Chile” al atardecer.
Centenares de estudiantes llegaban hasta una céntrica plaza de Santiago, donde el 25 de octubre se reunieron a protestar más de un 1,2 millones de personas que fueron dispersadas por la policía que usa profusamente gases lacrimógenos y gruesos chorros de agua.
Ginette Pérez, estudiante de 17 años, hablo con The Associated Press cuando se dirigía al centro de la ciudad a protestar acompañada de cinco compañeras. ‘Aún no hemos conseguido nada, así que seguiremos protestando’, expresó.
La Fiscalía Nacional informó el viernes que abrió 1.089 investigaciones penales por denuncias de “de violencia institucional” por igual número de víctimas en el contexto de “desmanes” ocurridos entre el 18 y el 31 de octubre.
Un grupo de expertos de Naciones Unidas, según un comunicado difundido por la prensa local, dijo que “la violencia nunca puede ser la respuesta a las demandas sociales y políticas de las personas’.