RZ NOTICIAS, SANTODOMINGO.- La jueza Kenya Romero impuso este martes arresto domiciliario para el exfuncionario Gonzalo Castillo, que también deberá pagar una garantía económica de RD$20 millones y se verá impedidos de salir del país.
Del grupo de 20 imputados que apresó el Ministerio Público, solo José Ramón Peralta y Donald Guerrero deberán cumplir la medida de prisión preventiva por 18 meses en la cárcel de Najayo, mientras que los restantes 18 encartados tendrán arrestos domiciliarios, garantías económicas e impedimentos de salida del país.
El grupo de 18 está compuesto por Ángel Locward, Alejandro Constanzo, Roberto Santiago Moquete, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández, Emir Fernández, Oscar Chalas, Rafael Rodríguez, Agustín Mejía, Víctor Encarnación, Luis Omar Fernández, Yahaira Brito, Ramón Hernández, Claudio Silver, Daniel Omar Caamaño, Luis Miguel Piccirilo, Aldo Antonio Gerbasi y el exministro Castillo.
De los 18, algunos acordaron colaborar con el Ministerio Público y admitir sus hechos para ofrecer informaciones y profundizar las investigaciones, mientras que otros, según sus abogados, simplemente obtuvieron una medida distinta a la prisión, pero sin ningún acuerdo.
En el inicio de la operación, el Ministerio Público pedía para los 20 imputados la prisión preventiva, pero mientras avanzaban las audiencias de medidas de coerción, los fiscales decidieron variar su pedimento para el grupo de los 18 mencionados y, por tanto, la jueza Romero les impuso arresto domiciliario, presentación periódica y garantías económicas.
La imputación preliminar del Ministerio Público establece que los apresados están acusados de asociación de enriquecimiento ilícito, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y financiamiento de campañas políticas.
Desde que inició la Operación Calamar, los imputados quedaron apresados en «la carcelita» del Palacio de Justicia y desde entonces acuden a maratónicas audiencias para debatir las medidas de coerción que solicita el Ministerio Público.
El órgano acusador considera que «las pruebas contundentes» en contra de los encartados los llevarán a una futura condena por los hechos que pesan sobre ellos y asegura que, durante el cumplimento de medidas de coerción, seguirá recolectando más evidencias y profundizando la investigación que hasta ahora es preliminar.
