Vuelven aplazar coerción contra exfuncionarios implicados en Operación Calamar

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Gonzalo Castillo, uno de los imputados, dice adiós a los miembros de la prensa al salir de la sala de audiencia. (Fuente externa)

RZ NOTICIAS, SANTO DOMINGO.- El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para el miércoles 29 de marzo el conocimiento de medidas de coerción contra tres exministros y 17 personas más implicadas en el caso Calamar.

La jueza Kenya Romero postergó la fecha, debido que este domingo fue depositada una querella y la defensa no tiene conocimiento de la misma, en esas atenciones, se vio obligada a suspender la vista.

El abogado Andrés Toribio, quien defiende a Claudio Silver, acusado de manipular algunas tasaciones cuando ocupaba la dirección del Catastro Nacional, explicó que no se oponen a la medida de coerción pero no que sea la prisión preventiva.

Será este miércoles que se logre iniciar la lectura de la solicitud de la medida de coerción contra los 20 acusados de distraer del Estado al menos 19 mil 700 millones de pesos, supuestamente para enriquecer los bienes personales.

Imputado vocifera

A la salida del salón de audiencias, uno de los imputados reiteraba que no es un delincuente.

“Yo soy Ramón David y no soy un delincuente”, vociferó mientras eran conducido por los custodio a la cárcel preventiva que funciona en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

En el entramado delictivo figuran el exministro de Hacienda, Donald Guerrero; ex ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta; exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo; ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.

Asimismo, Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emil Dávila Fernández, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación y Ana Linda Fernández.

La imputación preliminar del órgano persecutor en contra los imputados es de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros. Fuente: El Nuevo Diario

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