RZ NOTICIAS, SANTO DOMINGO.- El Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, varió este martes la medida de prisión preventiva al exministro de la Presidencia, José Ramón Peralta, por garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país, quien es acusado en la operación Calamar.
La jueza Ana Lee Florimón impuso en su variación, que la garantía económica contra el exfuncionario sea de 4 millones 500 mil pesos, mediante una compañía aseguradora.
El abogado Pedro Balbuena, actuando como vocero de la defensa de Peralta, expresó «que esto llegó demasiado lejos», que incluso su defendido debe ser liberado por completo de ese caso.
Mientras que el Ministerio Público aseguró, que va a establecer una acusación fuerte con relación a la supuesta estructura de corrupción administrativa denominada calamar.
Peralta cumplía 18 meses de medida coercitiva en la cárcel Najayo-Hombres, ubicada en la provincia de San Cristóbal.
Peralta era el único de los involucrados en este caso que estaba preso preventivo, otros exfuncionarios como el excandidato a la presidencia del PLD, Gonzalo Castillo y el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, se le varió la medida y también están en arresto domiciliario.
Cabe mencionar que a los dos hermanos del expresidente Danilo Medina, Alexis Medina y Magaly Medina, imputados en la operación Antipulpo, les variaron las medidas de coerción, pasaron uno de preventivo a domiciliario y la dama está en libertad para continuar el proceso.
De igual modo a Fernando Rosa, expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER), le fue levantada la prisión domiciliaria que pesaba en su contra.
En tanto el tribunal ordenó el cese de la prisión preventiva a favor del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, otorgando una garantía económica y prisión domiciliaria, luego de 18 meses en la cárcel de Najayo.
Rodríguez tiene la facilidad de ir dos días a la semana a trabajar en su oficina.
Según la acusación, los implicados crearon asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos, soborno y financiamiento ilícito de campaña, cuya estafa contra el Estado es de RD$19 mil millones. Fuente: El Nuevo Diario