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RZ NOTICIAS, SANTO DOMINGO. – Maxy Gerardo Montilla Sierra y sus empresas acordaron devolver más de RD$3,000 millones al Estado dominicano, tras la homologación de un acuerdo ante un tribunal en el marco de la operación Antipulpo, amparado en el criterio de oportunidad.
El acuerdo, presentado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y homologado por el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, establece el decomiso de RD$2,000 millones en efectivo a favor del Estado.
Además, Montilla y sus empresas deberán pagar RD$600 millones en indemnizaciones a las distribuidoras EdeEste, EdeSur y EdeNorte, como resarcimiento por los perjuicios provocados en el sector eléctrico y RD$431,816,307.90 a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Entre las medidas del acuerdo se incluye la disolución, en un plazo de dos años, de las empresas Transformadores Solomon Dominicana, Electrocable Aluconsa, NSD, Importaciones Diversas, Distribuidora de Materiales Eléctrico FEE, Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, Importadora Eaglerise, TLC Negocios Globales, Watmax Lighting, Herrajes Eléctricos RPC y MG Solomon Corporation.
El Ministerio Público indicó que Montilla utilizó sus empresas como vehículos para participar en procesos de contratación pública de forma fraudulenta, obteniendo adjudicaciones ilícitas en perjuicio del patrimonio público y beneficiándose de información privilegiada.
El acuerdo señala que Montilla monopolizó el suministro de servicios en el sector eléctrico, manipuló plazos de entrega y realizó pagos de sobornos a funcionarios públicos para influir en decisiones administrativas y agilizar desembolsos.
La homologación se realizó bajo el criterio de oportunidad, previsto en el numeral 6 del artículo 370 del Código Procesal Penal, que permite excluir ciertas acciones penales cuando el imputado colabora eficazmente, aporta información relevante o contribuye al esclarecimiento de los hechos.
Wilson Camacho, director general de Persecución y Mirna Ortiz, de la Pepca, destacaron que esta decisión refuerza los esfuerzos del Ministerio Público, bajo la gestión de la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, en la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Las empresas distribuidoras se hicieron representar por Celso Marranzini, presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras (CUE), mientras que Montilla Sierra contó con la asistencia legal de Miguel E. Valerio Jiminián, Ramón Emilio Núñez y José Figueroa Guilamo.
El Ministerio Público recuerda que los actos de corrupción cometidos por Montilla y sus empresas impactaron directamente en el servicio eléctrico, afectando la eficiencia y funcionalidad de las distribuidoras, y provocaron perjuicios significativos al Estado dominicano.
