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RZ NOTICIAS, SANTO DOMINGO. – Los diez imputados en la operación Lobo, presunta red de corrupción que operaba en instituciones públicas mediante el pago de sobornos para la adjudicación de contratos de seguridad, fueron enviados a arresto domiciliario y el caso fue declarado complejo, según dispuso este jueves el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena.
La medida fue dictada durante una audiencia que tuvo lugar en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, a donde los encartados fueron trasladados en horas de la tarde para la continuación del proceso, tras haberse reservado el fallo desde el pasado miércoles.
Entre los procesados figuran oficiales activos y retirados de cuerpos castrenses, así como funcionarios de empresas estatales. El Ministerio Público había solicitado prisión preventiva contra cinco de ellos, por considerar que representan un peligro para el proceso judicial; sin embargo, el tribunal optó por imponer arresto domiciliario a todos.
Félix Portes: “No vamos a apelar porque estamos conformes con la decisión”
El abogado Félix Portes, defensor de uno de los imputados en el caso, aseguró que no apelará la medida de coerción impuesta a su cliente, que consiste en arresto domiciliario, al considerar que se logró el objetivo principal: evitar la prisión preventiva.
“Gracias a Dios, va a obtener su libertad. Obviamente va a tener una medida de coerción consistente en arresto domiciliario, pero entendemos que él va a estar junto a su familia”, afirmó.
Asimismo, indicó que la investigación apenas comienza y que podrían surgir nuevos implicados. “Habrá más personas investigadas, involucradas, porque hay muchos con mayor responsabilidad en este caso”, señaló el abogado.
SOBRE LOS IMOUTADOS Y EL CASO
Entre quienes admitieron su participación en los hechos se encuentran Quilvio Rodríguez González, gerente de seguridad de Edenorte; Bolívar Nicolás Fernández Espinal; el coronel Andrés Pacheco Varela; el coronel Ramón Quezada Ortiz y el primer teniente Wellington Peralta Santos.
La lista de imputados también incluye al general retirado Carlos Ambrosio Robles Díaz y los coroneles Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández, Elías Caamaño Pérez y Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar, este último miembro activo de la Fuerza Aérea.
De acuerdo con el expediente, la supuesta red habría operado en instituciones como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y las distribuidoras de electricidad Edenorte, Edeeste y Edesur.
La investigación está siendo dirigida por un equipo de 26 fiscales con el apoyo de 189 agentes de la Policía Nacional. El Ministerio Público asegura contar con pruebas documentales y testimoniales que vinculan a los acusados con la obtención irregular de contratos mediante sobornos y tráfico de influencias. Fuente: El Nuevo Diario
Rafael Zapata
