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Envían a juicio de fondo seis de los siete implicados en caso Odebrecht

Seis conocidos políticos y empresarios dominicanos se enfrentarán a juicio de fondo por el caso de los sobornos …

RZ NOTICIAS, SANTO DOMINGO.- Seis conocidos políticos y empresarios dominicanos se enfrentarán a juicio de fondo por el caso de los sobornos que la empresa brasileña Odebrecht reveló haber repartido en el país entre 2001 y 2014, decidió este viernes el juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) Francisco Ortega Polanco.

Tras un juicio preliminar que se inició hace casi un año, el magistrado acogió, en parte, la acusación del Ministerio Público y envió a juicio al senador Tommy Galán, del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y al exministro de Obras Públicas y miembro de esa organización Víctor Díaz Rúa.

Asimismo, al expresidente del Senado Andrés Bautista García, del Partido Revolucionario Moderno (PRM, principal opositor), al también exsenador y miembro de esa formación Roberto Rodríguez y al abogado Conrado Pittaluga, a quien el Ministerio Público acusa de ser testaferro de Díaz Rúa.

Igualmente, al empresario Ángel Rondón Rijo, a quien las autoridades señalan como el receptor y distribuidor de los 92 millones de dólares que la empresa admitió que pagó como sobornos en el país entre 2001 y 2014.

Ortega Polanco ratificó la medida de coerción que pesa contra los seis encartados, que consiste en presentación periódica e impedimento de salida del país sin autorización judicial.

El juez, sin embargo, dictó un auto de no ha lugar a favor de Jesús Vásquez Martínez, también del PRM, ya que, de acuerdo con el fallo leído tras casi cuatro horas de audiencia, no se encontraron pruebas suficientes que fundamenten la acusación en contra de éste.

Los seis imputados enviados a juicio de fondo enfrentar cargos por soborno, asociación de malhechores, prevaricación, desfalco, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

A través de un comunicado, el procurador general, Jean Alain Rodríguez, calificó de «correcta» y «justa» la decisión del juez Ortega Polanco que, en su opinión, marca «un hecho sin precedentes en la historia judicial dominicana».

«En los últimos 20 años este es el caso de corrupción de mayor magnitud que se ha investigado en la República Dominicana por la cantidad de imputados, el nivel de influencia de los mismos y por los montos involucrados», expresó.

La sentencia, además, «demuestra que la acusación presentada por el Ministerio Público no era un mamotreto como alegaban los imputados, sino que es un expediente preparado de manera perfecta», señaló el jefe del Ministerio Público.

Respecto a Jesús Vásquez Martínez, que fue excluido del proceso, Rodríguez dijo que evaluarán el caso para decidir si corresponde apelar la decisión judicial.

En un principio, fueron acusadas 14 personas, entre ellas seis de los siete acusados en la actualidad. A todos se les impuso prisión preventiva, aunque luego salieron mediante recursos judiciales.

Luego, la Procuraduría General de la República presentó ante la Suprema Corte un nuevo expediente acusatorio en contra de seis de esos 14 los acusados y agregó a la lista a Vásquez Martínez.

A la salida de la audiencia, varios de los imputados expresaron su rechazo por el fallo del juez que, según señalaron, no examinó las pruebas presentadas por ellos contra los alegatos del Ministerio Público.

«Lo único que hizo (Ortega Polanco) fue pegar el sello gomígrafo a la mentiras del Ministerio Público», señaló el expresidente del Senado Andrés Bautista, quien era presidente del PRM cuando hace dos años fue apresado por este caso.

La sentencia «no ha sido más que una politiquería», dijo, y agregó que «no podemos hablar de democracia si no hay justicia».

Por su lado, el exministro de Obras Públicas Díaz Rúa apuntó que no le sorprende la sentencia del juez, que tildó de «desastre», mientras que la defensa de Ángel Rondón, quien era representante comercial de la constructora Odebrecht en la República Dominicana, aseguró que la decisión «no tiene sustento jurídico».

Odebrecht llegó a un acuerdo con la Procuraduría General de la República por el que deberá pagar 184 millones de dólares en varias cuotas, el doble de lo entregado en sobornos

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