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SAN JUAN, PUERTO RICO. – Contrario a lo que ocurre en los tribunales de República Dominicana, donde solo en el 13% de los casos que se presentan los imputados logran ponerse de acuerdo sin tener que ir a juicio de fondo, en Puerto Rico, los arreglos entre las partes implicadas oscilan entre el 90 al 95%.
Estos convenios son conocidos en la justicia boricua como alegación preacordada y muchos ciudadanos prefieren someterse a ellos por lo agotador que suelen resultar dichos procesos.
La cifra fue corroborada a una delegación periodistas y jueces dominicanos por varios ejecutivos del Poder Judicial de la vecina isla, entre ellos Sigfrido Steidel Figueroa, director administrativo de los tribunales de Puerto Rico, quien aclaró que “no todo el que llega a un acuerdo es culpable”.
Asimismo, explicó que la mayoría de los casos donde los ciudadanos establecen pactos corresponden a conflictos sociales entre vecinos, violencia doméstica e incidentes relacionados con la salud mental, los cuales son de competencia municipal.
Mientras que la menor cantidad se registran en el aspecto penal, acción que atribuye a distintos factores sociales, entre ellos la legalización del cannabis.
Al respecto, recordó que hace 20 o 25 años era normal que decenas de personas fueran detenidas y llevadas a los tribunales tras ser halladas consumiendo dicha sustancia.
La importancia de la Regla 72 en los acuerdos
Sobre el tema, también se refirió el fiscal del distrito judicial de Bayamón, Gabriel Arredondo, quien entiende que en la proliferación de estos tratos ha jugado un papel importante la Regla 72 sobre Procedimiento Criminal, la cual permite que la fiscalía y los abogados defensores creen las condiciones propicias para concretizar los pactos.
“Esta regla es muy práctica, porque evita que los casos se acumulen”, enfatizó el representante del Ministerio Público, antes de agregar que cuando los fiscales ven un caso que tendrá que ser decidido por la jueza les recomiendan a las partes que dialoguen.
Explicó que el proceso de negociación inicia con una simple querella, la que da la voz de alerta de que ocurrió algo.
“Esto es el aviso público de que alguien se está quejando, esa es la querella de la Policía, que pertenece al Ejecutivo, que es una agencia hermana a fiscalía. Ellos se encargan de investigar, y cuando tienen la investigación finalizada vienen a nosotros los fiscales”, continuó explicando Arredondo.
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Luego se presenta la denuncia de manera formal contra el acusado, la cual consta de una sola página, en la que se detalla la fecha, nombre del imputado, de los querellantes y la supuesta infracción cometida.
Más sobre las transacciones
La jueza Maritere Colón, directora administrativa auxiliar de los tribunales de Puerto Rico, también resaltó las ventajas que tienen destacó las ventajas de los acuerdos para la agilización del sistema judicial de la llama “Isla del Encanto”.
“Las transacciones nos ayudan a poder adelantar los casos. Desde el inicio fomentamos los acuerdos transaccionales, porque le sale más económico al ciudadano”, precisó.
Explicó que una vez las partes llegan a un acuerdo transaccional notifican al tribunal ya sea privado o exponiendo las especificaciones de lo convenido.
Luego, el tribunal emite una sentencia acogiendo ese acuerdo transaccional y ordenando su estricto cumplimiento.
“En caso de que las partes incumplieran el acuerdo el dictamen del tribunal le daría ese valor jurídico”, puntualizó Colón.
Estructura judicial de Puerto Rico
El sistema judicial del vecino país, cuya cifra de habitantes asciende a un poco más de tres millones, está conformado por 40 tribunales y 13 distritos judiciales.
A nivel estructural el sistema cuenta con tres tribunales, que son el Supremo, el de Apelaciones y el Tribunal de Primera instancia.
Steidel Figueroa aclaró que también hay algunos casos que se pueden tramitar en la jurisdicción federal, facultad que tiene este país por ser dependiente de Estados Unidos.
Aclaró que los tribunales federales no revisan las decisiones de los de Puerto Rico.
“Solo el Tribunal Supremo de Estados Unidos pudiera ver alguna decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en función revisora, si involucra derecho federal, si no el Tribunal Supremo de Puerto Rico es la última palabra”, puntualizó.
Recalcó que la situación judicial boricua es muy parecida a los estados de Estados Unidos, “que tienen su estructura judicial interna y la estructura federal”.
Petición de Luis Henry Molina
El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, ha sido enfático en señalar lo ventajoso que sería para la justicia dominicana propiciar que las personas implicadas en hechos legales concreticen más acuerdos.
En ese sentido, el pasado mes de abril acudió ante el Congreso Nacional, donde alertó sobre saturación que enfrentan los tribunales dominicanos y llamó a los legisladores a aprobar una serie de reformas legales que permitan agilizar el sistema judicial.
Delegación dominicana
La delegación dominicana que viajó a Puerto Rico a conocer sobre el sistema judicial de este país estuvo conformada por magistrados jueces Giselle Méndez y Rubén Rodríguez, así como por Ellys Coronado, representante de la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) y José Cruz Velásquez, Fátima de la Rosa y Justo Maracallo, de Protocolo, Comunicaciones y Prensa del Poder Judicial, respectivamente.
De igual manera, los periodistas Ramón Benzán,del Listín Diario, Marisol Aquino, de Diario Libre, Domingo Beriguete, de El Nacional, Raysa Álvarez, de CDN, Loyda Peña, periódico Hoy, Teresa Casado, El Día, Hogla Enecia Pérez, El Caribe, Aris Beltré, Noticias SIN, Millizen Uribe, Uno Más Uno, Susana Gautreau, Z101, y Rafael Zapata, El Nuevo Diario.
