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RZ NOTICIAS, SANTO DOMINGO. – El Estado solicitó formalmente constituirse como parte civil en el proceso judicial que investiga presuntos actos de corrupción relacionados con el contrato de modernización del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo, adjudicado en 2023 por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
La petición fue presentada por abogados del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público, quienes actuaron en representación del Estado y del propio Intrant. El documento fue depositado ante la jueza Patricia Padilla, quien supervisa las diligencias encabezadas por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
El expediente tiene como principales señalados al exdirector del Intrant, Hugo Beras y al empresario José “Jochi” Gómez-Canaán, propietario de las compañías Transcore Latam y Aurix. La empresa Transcore Latam recibió la adjudicación por un monto cercano a los 1,300 millones de pesos, bajo el alegato de implementar un sistema inteligente de control de tráfico.
Sin embargo, desde el inicio del proceso surgieron múltiples alertas por irregularidades. La más grave fue el uso no autorizado del nombre y datos de una reconocida empresa estadounidense, TransCore LP, con la que Transcore Latam no tenía ningún vínculo. También se denunciaron la alteración de proveedores y la presentación de documentación técnica sin validez.
A pesar de una advertencia previa de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) sobre los riesgos de ceder el control del sistema de semáforos a una empresa privada —por tratarse de un elemento crítico para la seguridad nacional— el contrato fue firmado en junio de ese año.
Las investigaciones comenzaron a intensificarse luego de denuncias formales de una empresa local, que alegó apropiación indebida de información por parte de Transcore Latam. La Dirección General de Contrataciones Públicas inició su propia pesquisa, mientras la Pepca asumía el caso penal.
En medio del escándalo, Hugo Beras solicitó una licencia como director del Intrant para facilitar el proceso investigativo. Con el paso de los meses, se han sumado más implicados, incluyendo exfuncionarios y representantes de empresas vinculadas al contrato.
Al constituirse como actor civil, el Estado busca recuperar los recursos públicos que según las investigaciones, fueron utilizados de manera fraudulenta. Fuente: El Nuevo Diario
