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RZ NOTICIAS, SANTO DOMINGO. – En la sesión ordinaria celebrada este miércoles, los diputados convirtieron modificaron la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, cuya pena en lo adelante sería de 40 años de prisión para los violadores de la nueva ley.
La normativa ahora establece nuevos límites sancionadores, tomando en cuenta la razonabilidad y proporcionalidad de las penas para los casos de tráfico ilícito de migrantes. En lo adelante, quienes incurran en este tipo de delitos podrían ser condenados hasta a 25 años de prisión.
La nueva ley dispone que quienes sean encontrados culpables del delito de trata de personas serán sancionados con penas de entre veinte y veinticinco años de reclusión, además de una multa de entre setecientos y mil quinientos salarios mínimos del sector público.
También subraya que “el delito de trata de personas no prescribe”.
Asimismo, establece que el funcionario o servidor público hallado culpable o cómplice del delito de trata de personas será sancionado, como pena complementaria, con la inhabilitación por un período de diez años para ejercer cualquier función pública. En caso de reincidencia, la inhabilitación será por veinte años, y su cumplimiento comenzará al finalizar la pena privativa de libertad impuesta.
Igualmente, la ley contempla como agravante, tanto en el delito de tráfico ilícito de migrantes como en el de trata de personas, la participación de funcionarios de los órganos extrapoder, así como de los demás poderes del Estado y de los gobiernos locales.
Este proyecto de ley fue sometido por el Poder Ejecutivo el pasado 7 de abril, siendo esta la segunda ocasión en que el Gobierno procuraba reformular la Ley 137-03.
La reforma incluyó modificaciones a los artículos 2, 3, 6 y 7; la adición de los artículos 5-bis, 6-bis y 7-bis; y la derogación de los literales a), f) e i) del artículo 1 de la ley original, con el propósito de adecuar la tipificación del tráfico ilícito de migrantes y sus delitos conexos.
