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RZ NOTICIAS, SANTO DOMINGO.- A pesar de que las medidas cautelares son audiencias que se conocen de urgencia debido al ‘peligro en la demora’, la audiencia sobre las acciones judiciales presentadas por la Asociación de Importadores de Vehículos Usados (Asocivu) contra el Decreto 420-23 fue nuevamente aplazada para el próximo viernes 7 de junio.
Mediante un comunicado de prensa, la institución informó que nuevos actores citados por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) impidieron que el proceso avance, lo que afecta a miles de empresas y subsectores, y poniendo en riesgo más de 200,000 empleos directos e indirectos.
La juez suplente Mery Laine Collado Tactuc, en sustitución del juez Diomede Villalona, presidente del Tribunal Superior Administrativo, pospuso la audiencia en la que estaban presentes la DGII, la Presidencia de la República, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, Guía RD, Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos (Acofave), y otros actores como el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD).
En abril, Asocivu presentó dos acciones judiciales contra el Decreto 420-23, que establece el Reglamento para el Registro Nacional de Vehículos de Motor y las licencias para los concesionarios. La empresa busca la suspensión provisional y la nulidad total del decreto, a través de una Solicitud de Adopción de Medida Cautelar y un Recurso Contencioso Administrativo, dirigidos contra la Administración Pública y la DGII.
Recordó que el conflicto surgió cuando la DGII y la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, tras recibir observaciones técnicas y jurídicas de Asocivu, Asociación Nacional de Agencias Distribuidoras de Vehículos (Anadive), y Asociación de Dealers del Cibao (Adecibe), sobre el borrador del reglamento, prometieron revisar dichas observaciones.
Sin embargo, casi un año después, el Decreto 420-23 fue publicado con más del 50% de las observaciones ignoradas, incluyendo prohibiciones y nuevos requisitos no contemplados en la Ley 63-17 ni en el mismo decreto.
Las asociaciones de importadores de vehículos usados mantuvieron múltiples reuniones con el director general de la DGII, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, y el presidente de la República, Luis Abinader, quienes prometieron modificar el decreto. Sin embargo, las modificaciones no se han concretado.
Asocivu afirmó que se agotaron todos los mecanismos de diálogo institucional y espera que las acciones judiciales proporcionen certidumbre, equidad y justicia para el sector, apelando a los principios de seguridad jurídica, confianza legítima e igualdad ante la ley en la República Dominicana.
