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RZ NOTIVCIAS, SANTO DOMINGO.- La Asociación de Contratistas y Suplidores del Estado (ACS), a través de su director ejecutivo, Ricardo González Hernández, ha expresado su preocupación por una disposición contenida en la nueva Ley de Compras y Contrataciones Públicas, recientemente aprobada por la Cámara de Diputados y pendiente de aprobación en el Senado de la República Dominicana.
Según lo señalado por González en un reciente tweet, la nueva normativa convierte a las aseguradoras en “garantes solidarios” de los proveedores, una medida que, a su juicio, contraviene directamente el Artículo 67 de la Ley 146-02 sobre Seguros y Fianzas.
El Artículo 67 de la Ley 146-02 establece claramente: “Queda prohibido a los aseguradores obligarse solidariamente con el deudor o afianzado y en consecuencia, las fianzas emitidas por los aseguradores están sujetas al beneficio de excusión señalado en el código civil.”
Esta disposición busca proteger a las aseguradoras de una responsabilidad directa y solidaria, permitiéndoles invocar el beneficio de excusión, lo que significa que el acreedor debe agotar primero los bienes del deudor principal antes de reclamar al fiador.
González Hernández también destacó la aparente exclusión de importantes actores del sector en el proceso de discusión de este texto legal.
“Entiendo que @SuperSegurosDO y @cadoardRD no participaron de las discusiones de dicho texto legal que ya fue aprobado por los @DiputadosRD y está próximo a ser aprobado por el @SenadoRD,” afirmó, sugiriendo una falta de consulta a entidades clave como la Superintendencia de Seguros y la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores.
La ACS hace un llamado a los legisladores del Senado de la República Dominicana para que revisen detalladamente esta disposición, considerando sus implicaciones legales y económicas para el sector asegurador y para la dinámica de las contrataciones públicas en el país.
La Asociación enfatiza la importancia de una legislación armonizada y que respete los principios jurídicos existentes, a fin de garantizar la seguridad jurídica y la eficiencia en los procesos de contratación estatal.
