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Por el Lic. Elvys Duarte
La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró en fecha 11 de marzo de 2020, que un brote de enfermedad viral denominado Covid-19, cuyo origen se dio en diciembre de 2019, en la ciudad China de Wuhan, había alcanzado el nivel de pandemia mundial como consecuencia de su rápida propagación y ausencia de cura. Esta situación hizo obligatorio que todos los gobiernos del mundo establecieran planes estratégicos contundentes que ayudarán a mitigar las fatales consecuencias del virus.
En la República Dominicana, el ordenamiento jurídico establece que el Estado se encuentra en la obligación de velar por la protección de la salud de todas las personas debiendo, en consecuencia, procurar por todos los medios posibles la prevención y el tratamiento de las enfermedades.
En protección del sagrado derecho a la salud, las disposiciones constitucionales establecidas en los artículos 262 y 265 de nuestra Carta Magna permiten al Presidente de la República decretar el territorio nacional en Estado de excepción por emergencia cuando a raíz de una calamidad pública la estabilidad del orden socioeconómico de la nación se encuentre seriamente amenazada. En la actualidad la pandemia constituye una amenaza seria a la sanidad pública que pone en juego la estabilidad socioeconómica del país.
Es por esto que hasta el 30 de junio de 2020, nuestro país se ha visto sometido a 103 días de estado de emergencia.
Recientemente el licenciado Danilo Medina a través del decreto 264-20, estableció un nuevo Estado de Emergencia cuya extensión culmina el 3 de septiembre del año en curso. Somos conscientes de que el Estado de Emergencia por sí sólo no constituye una estrategia viable para contrarrestar la pandemia si el mismo no viene acompañado de planes de asistencias sociales que hagan extensiva la mano de ayuda del gobierno a los sectores más vulnerables.
Por tanto, la prolongación del tiempo de Estado de Emergencia en el territorio nacional evidencia la preocupación del gobierno ante el brote del coronavirus.
Somos conscientes de que el presidente electo Luis Abinader no es ajeno a esta realidad y en un gesto de responsabilidad designo a pocos días de su elección una comisión del más alto nivel entre cuyos integrantes figuran la Vicepresidenta electa Raquel Peña y el recientemente designado Ministro de Salud pública Dr. Plutarco Arias, para darle seguimiento a la pandemia.
Reconocemos que la salud es el bien más apreciado de una persona pues de ella depende su vida; pero entendemos que los gobiernos se encuentran en la obligación de adoptar políticas públicas que ayuden a los sectores vulnerables a poder mitigar los efectos del aislamiento pues la pérdida de ingresos constituye un motivo de desesperación para que los trabajadores informales y aquellos que reciben bajos salarios rompan los estados de cuarentena y se tiren a las calles en búsqueda de nuevas oportunidades convirtiéndose en entes multiplicadores del virus.
El presidente electo está consciente de este hecho, aún desde antes de su elección, y por esto propuso desde su campaña electoral la creación de un fondo de garantía que aportará a los desempleados por el Covid-19 un ingreso mínimo de RD$10,000.00 pesos mensuales que les permitiera cubrir sus necesidades básicas durante la inactividad laboral. De igual manera, el presidente electo también propuso la suspensión del cobro de los servicios públicos, del recargo de impuestos sobre la renta y del Itbis a todos los contribuyentes como una manera de auxiliar a los comerciantes minoristas y a los sectores informales para disminuir el incremento de los desempleos.
El Lic. Luis Abinader Corona, tomará las riendas de la administración pública en un momento en el cual la estabilidad socioeconómica del país se encuentra en juego, nadie duda eso pues los efectos de la pandemia aún son inciertos; pero tenemos la certeza de que el gobierno perremeísta sobrepasará con éxitos las pruebas impuestas por el destino ya que el presidente electo posee sus oídos colocados sobre el corazón de nuestro pueblo.
El autor es abogado y dirigente político del Partido Revolucionario Moderno.
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